Washington, 27 de marzo de 2025 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto destinado a garantizar la aplicación estricta de las leyes de inmigración en el estado de Washington, con un enfoque particular en las jurisdicciones conocidas como "ciudades santuario". La medida busca obligar a estas áreas, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, a alinearse con las políticas del gobierno federal o enfrentar consecuencias legales y financieras.
El decreto instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a monitorear el cumplimiento de las leyes migratorias en Washington, un estado que ha sido señalado por la administración Trump debido a sus políticas de protección a inmigrantes indocumentados. Entre las disposiciones, se contempla la posibilidad de retener fondos federales a las ciudades que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, se establece un marco para aumentar la presencia de agentes federales en estas jurisdicciones.
La Casa Blanca justificó la acción como una respuesta necesaria para "restaurar el orden y la seguridad" en el país, argumentando que las ciudades santuario representan un obstáculo para la deportación de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, críticos, incluidos líderes demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes, han advertido que el decreto podría desencadenar una ola de demandas judiciales y exacerbar las tensiones entre el gobierno federal y los gobiernos locales.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, anunció que el estado evaluará opciones legales para contrarrestar la medida, calificándola como un "ataque directo" a las políticas locales que protegen a las comunidades inmigrantes. Por su parte, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) prometieron impugnar el decreto, argumentando que viola los derechos de los estados y podría llevar a la persecución de inmigrantes que no representan una amenaza.
Esta acción se suma a una serie de políticas migratorias agresivas impulsadas por Trump desde su regreso a la presidencia, incluyendo la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones masivas. El decreto de hoy intensifica el enfrentamiento entre la administración federal y las ciudades santuario, un tema que promete dominar el debate político en los próximos meses.
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