Sin el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, ni de las comisiones estatales de Chiapas, Coahuila y Guanajuato, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) rechazaron la aprobación en la Cámara de Diputados de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.
En un pronunciamiento encabezado por la presidencia de la FMOPDH, que le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), encabezada por Nashieli Ramírez, las comisiones estatales firmantes alertaron sobre “los impactos que tendrán las modificaciones legislativas en la esfera de derechos de las personas y comunidades derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la Guardia Nacional para sujetarla al mando militar a cargo de la Sedena”.
Las comisiones locales firmantes llamaron al Senado, constituido como cámara revisora, a recuperar “el carácter civil de la Guardia Nacional como institución de seguridad pública”, en apego al el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Los organismos públicos de derechos humanos advirtieron que “de consolidarse la delegación de la seguridad pública del país a las Fuerzas Armadas, se reducirá el margen de acción que actualmente tienen dichos organismos públicos de protección de derechos humanos en las entidades federativas para atender la conflictividad social que deriva de las funciones de seguridad pública en el territorio, en detrimento de la ciudadanía”.
Señalaron que de consolidarse las reformas, “se generará un vacío en la atención de las víctimas”, toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional, no son competencia de los organismos locales sino de la CNDH, que hasta el momento no ha se ha pronunciado sobre las modificaciones legislativas mencionadas.
Tras recordar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han pronunciado en contra de la militarización de la seguridad pública por ir en contra de los compromisos internacionales de México, las comisiones estatales firmantes también manifestaron su preocupación por “la ampliación de facultades” de la Sedena para investigar y hacer labores de inteligencia, así como la extensión de los alcances del fuero militar, figura fuertemente combatida en nuestro país por favorecer las violaciones graves a derechos humanos contra la población civil”.
De la revisión de las reformas a las leyes secundarias aprobadas, y que serán sometidas a consideración del Senado, la FMOPDH consideró alarmante que “la ausencia de alguna figura de supervisión externa para asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las acciones que emprenda la Guardia Nacional, especialmente las que involucran el uso de la fuerza en cualquier de los niveles contemplados por la Ley Nacional de Uso de la Fuerza”.
Apuntaron que resulta preocupante que “la iniciativa aprobada omita el necesario debate respecto a los impactos que tienen las reformas, y que deberían de tener, en legislaciones secundarias como la Ley del Sistema Nacional e Información Estadística y Geografía, para la generación de información clara en el subsistema de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en particular por el reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda en la coordinación de autoridades -incluida la Guardia Nacional y el Ejército- para la ejecución en la búsqueda de personas”.
En su posicionamiento, las 27 comisiones firmantes reiteraron “su compromiso con la paz, la defensa, garantía, protección y promoción de los derechos humanos de la población y hace un llamado al Senado para legislar con apego al mandato del bloque de constitucionalidad de nuestro país que implicaría recuperar el espíritu del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece el carácter civil de la Guardia Nacional como institución de seguridad pública”.
Firmaron el documento las comisiones de derechos humanos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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